El grupo de trabajo de Cooperación Público-Privada (I) se reunió 6 veces entre los años 2018 y 2019. Además, contaron con la presencia de Jesús Delgado de la Fundación Pere Tarrés i Ramon Nicolau de la Fundación APIP ACAM, como personas invitadas. Los objetivos del grupo de trabajo eran concretar las ventajas de las empresas de economía social y del tercer sector y las entidades sin ánimo de lucro en la contratación pública.

Además de promover la externalización de los servicios públicos como un instrumento de mejora de las 4 políticas públicas. También ser capaz de considerar los criterios de adjudicación en los servicios denominados de atención a las personas. A partir de las conclusiones aprobadas por el plenario del 11 de marzo de 2019 se ha establecido como recomendaciones que:

• Priorizar desde la Administración pública la concertación con las entidades del tercer sector social de Cataluña, entidades del tercer sector cultural y entidades pequeñas o de voluntariado sin ánimo de lucro como modelo de colaboración preferente en la prestación de servicios de atención a las personas, de forma que se destaque la tarea que estas ya desarrollan y de acuerdo con la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo.

• Avanzar hacia un sistema de acreditación/homologación de las pequeñas o medianas empresas (PYME) y también de aquellas otras que sean sin ánimo de lucro, para diferenciarse en la contratación pública en general. Los elementos clave que probablemente tendría que tener en cuenta esta acreditación son territorio, pericia, capacidad y profesionalidad, mejorando la responsabilidad y las cláusulas sociales, puesto que estas tienen que marcar la gestión de calidad de los servicios (*).

• Las administraciones se tendrían que dotar de los medios de control mixtos (administración, entidades y externos) para velar por la calidad de la prestación de los servicios, reduciendo la burocratización para obtener la mejor eficiencia en el seguimiento de la ejecución de los contratos y/o las subvenciones.

• Se pide hacer un estudio de la estructura de costes reales del servicio (costes de subrogación, igualdad, innovación, sistemas de información, calidad, auditorías, prevención de riesgos, absentismos, impacto social…) que se ofrece en el momento de elaborar el pliego de condiciones, marcando parámetros de eficiencia y eficacia, que en la contratación actualmente no se prevén bastante. Hay que hacer valer la eficacia porque la eficiencia no sea cero y para evitar el dumping.

• Potenciar desde las administraciones públicas que los técnicos y las técnicas sean conocedores de todas las posibilidades legales en la contratación porque lo puedan enviar en la elaboración de los pliegos de condiciones: formación continuada.

• Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras encargados de la prestación de los servicios a través de las mejoras pactadas en cada convenio marco de cada colectivo. En ningún caso se tendría que pretender recoger estas mejoras laborales a través de condiciones de mejora en los pliegos de condiciones, puesto que en estos casos solo se generan agravios comparativos entre profesionales del mismo colectivo. En esta misma dirección, es importante llegar a acuerdos con los sindicatos, que estén centrados en estas mejoras de las condiciones de los convenios colectivos y que los presupuestos de licitación vayan en concordancia con los acuerdos tomados en las negociaciones colectivas.

• Se destaca como elemento muy importante en la contratación pública la reducción de la morosidad (si bien el Ayuntamiento de Barcelona paga a 30 días). En los casos en que la Administración paga puntualmente, el problema radica en la subcontratación de la prestación de los servicios. Es decir, la empresa subcontratada podría acabar cobrando en el jefe de 400 días, hecho que pondría en riesgo la viabilidad.

• Pedimos que las licitaciones adecuen el volumen de los lotes, en función de las dimensiones de las entidades del territorio (en el ámbito de barrio, distrito o ciudad).

• Impulsar una reforma de la Ley de mecenazgo que ayude a potenciar la financiación privada en general teniendo en cuenta las entidades culturales, sobre todo las pequeñas, porque puedan desarrollar su identidad y continuidad para luchar contra la brecha cultural y la pobreza cultural y facilitar el acceso a la cultura de todas las capas sociales.

• Hacer valer el importante papel que tiene el voluntariado en el tercer sector social y cultural y en las pequeñas entidades sin ánimo de lucro de Cataluña. También hay que destacar la posible coexistencia del voluntariado con la profesionalización de determinados roles, en algunas entidades. Un elemento más que hay que tener en cuenta es reconocer que la actividad propia del voluntariado tiene asociada un gasto, tanto en cuanto a la coordinación como la formación.

• Se pide impulsar la creación y la aprobación de un nuevo marco legal del sistema de contratación en el ámbito de Cataluña capaz de regular todos estos aspectos anteriormente mencionados. Este nuevo marco se refleja a través de la aprobación de la nueva norma que se está tramitando actualmente en el Parlamento de Cataluña. En trámite parlamentario el proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas (tramo. 200- 00003/12).