Desde principios de año, el Observatorio contra la Homofobia (OCH) ha registrado 140 incidencias discriminatorias por LGTBIfobia en la ciudad Barcelona. A partir de estos datos recogidos, y de las historias que hay detrás de las cifras, la entidad aborda estos casos y presta una serie de servicios de atención psicosocial y jurídicos a las víctimas, poniendo énfasis, sobre todo, en el apoyo y el acompañamiento.
La puesta en marcha de la ley 19/2020 sobre Igualdad de Trato y No Discriminación supone un gran paso en la lucha contra la LGTBIfobia, el antigitanismo, el racismo y otros muchos ejes de discriminación que incluye el marco normativo. No obstante, las entidades dan un toque de atención ante el despliegue que se ha hecho de la ley un año después de su aprobación. Así quedó patente durante la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’, organizada por el Consell de Ciutat, y celebrada en octubre. Las ponentes, que representaban entidades que luchan contra diferentes ejes de discriminación, identificaron la carencia de recursos, la colaboración y coordinación entre entidades y administraciones, o la interseccionalidad como algunos de los retos principales que la ley tiene que abordar en su despliegue.
Cristian Carrer, coordinador técnico del OCH, nos habla sobre la tarea de apoyo que lleva a cabo la entidad en el momento en que llegan personas que han sido discriminadas por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género; nos señala los retos del despliegue de esta nueva ley, y pone el foco en no quedarse en el marco normativo e ir más allá, trabajando en los contextos sociales donde se producen las discriminaciones para que no se vuelvan a repetir.
¿Cómo valora la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’?
La valoro de manera muy positiva. Vimos una primera mesa, más institucional, con la presencia de las administraciones públicas encargadas de implementar las leyes para elaborar políticas públicas contra la discriminación; y una segunda mesa, con protagonismo del tercer sector, donde se contrastaron los discursos que se hacen desde las instituciones. Creo que es importante que pueda continuar habiendo estos espacios en los que haya un diálogo entre las administraciones y el tercer sector social.
¿Qué opinión tiene de la ley 19/2020 sobre Igualdad de Trato y No Discriminación?
Todos los marcos legislativos que sirvan para prevenir, detectar e intervenir diferentes tipos de discriminación, suponen un paso adelante. Desde este punto de vista lo celebramos, pero desde el tercer sector social tenemos discursos de máximos. Muchas veces tenemos la sensación que nosotros nos encargamos de parte del trabajo que tiene que hacer la administración y con muchos menos recursos. Lo vimos con las compañeras de los diferentes ejes que se trataron.
Durante la jornada se identificaron una serie de carencias del despliegue de la ley. Uno de los aspectos más repetidos fue la falta de recursos.
En ambas mesas se habló que sería bueno que el mismo redactado de la ley estuviera supeditado en unos presupuestos económicos. Llevamos tres años desde la aprobación de la ley, obviamente se están haciendo cosas, pero todavía queda muchísimo camino para implementar todos los organismos que contempla esta ley. Se ha empezado por la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación, pero vemos, desde nuestra perspectiva, cómo todavía es insuficiente por todas las expectativas que hay.
Continuando con el despliegue de la ley, el concepto de interseccionalidad estuvo muy presente. ¿Qué significa y por qué es importante trabajar con esta mirada?
Es una palabra muy utilizada en los últimos años, que aparece en todos los informes, pero hay que ver después cómo se lleva a la práctica. Muchas veces las entidades trabajamos con una visión monofocal del eje de opresión. Pero cuando nos llegan las personas que han sufrido una discriminación, no solo lo hacen a partir de un solo eje de discriminación concreto. Seguramente interseccionen otros ejes en la situación de discriminación que sufre la persona dentro del contexto social donde se encuentra.
Este es un reto que también surgió desde las administraciones: ver como transversalizamos las políticas públicas contra la discriminación o la igualdad. Y creo que esto es lo que tenemos que continuar trabajando entre todas: ver de qué manera se puede aplicar mejor esta mirada, tanto en la administración como las entidades, y en el diálogo de ambas partes.
¿De qué manera se puede avanzar en este cambio de mirada?
Desde el punto de vista de las entidades, uno de los aspectos positivos que vemos en esta línea es la creación de la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación, promovida por la Oficina por la No Discriminación (OND). Esta herramienta nos permite, a las técnicas que trabajamos en las diferentes entidades, compartir un espacio físico donde nos podemos ver las caras y establecer sinergias cuando nos llegan los casos en los que interseccionen varios ejes.
Desde que estamos en la Mesa, hemos trabajado casos de racismo, de salud mental o de antigitanismo. Y muchas veces se hace de una manera informal: si conocemos a la técnica, cogemos el teléfono y le explicamos la situación, sea para derivar algún recurso o, incluso, para llevarlo conjuntamente. Por lo tanto, intentaría promover más espacios de este tipo, que permitan pensar cómo estamos produciendo el conocimiento y cómo estamos interviniendo sobre las personas afectadas.
¿Y desde el punto de vista de las administraciones?
Las bases de las subvenciones públicas, a las cuales acceden las entidades, son, en su gran mayoría, monofocales. Cada vez más se está introduciendo esta perspectiva interseccional, pero todavía queda mucho camino por hacer. Creemos que, todavía hoy en día, la estructura de relación entre administraciones y entidades continúa siendo por ejes opresión monofocales. Tenemos que ir rompiendo este tipo de visión y hacerlo de una manera más transversal e interdepartamental. Y por eso, en mi opinión, lo que se necesita son más recursos humanos, materiales, económicos y sociales.
Ha hecho referencia a la colaboración que lleváis a cabo con la OND, uno de los retos del despliegue de la ley junto con la coordinación.
Creo que durante la jornada quedó patente el trabajo hecho en Barcelona en las últimas legislaturas en este aspecto, un tiempo en el que ha habido una apuesta firme por esta oficina. Desde nuestro punto de vista, valoramos muy positivamente el protocolo con el cual contamos para abordar la LGTBIfobia en la ciudad de Barcelona. Obviamente, hacen falta mejoras, pero el objetivo primordial es no revictimizar. Somos nosotras las que trabajamos las violencias, las que nos tenemos que coordinar para acompañar las personas que sufren discriminaciones y dotarlas de un abanico mucho más amplio de recursos.
En cuanto a la recopilación de incidencias, este año habéis registrado 140 incidencias por LGTBIfobia. Pero, más allá de los datos, también recogéis datos cualitativos. ¿Qué significa para vosotros contar con esta información?
La vida está hecha de narrativas y de narraciones y, por lo tanto, tenemos que explicar las historias. ¿Qué significa que un 25% de todas las incidencias que registra el Observatorio tienen que ver con transfobia? Más allá de esta cifra que saldría a los titulares de los medios, ¿qué significa este 25% y qué es la transfobia? A partir de análisis de casos, sobre todo de producciones narrativas, que son como historias en las cuales participan las mismas personas afectadas, construimos este relato. De alguna manera, es como explicar una historia a la ciudadanía con la cual mostramos que esto es la transfobia.
Recogéis las incidencias y, a partir de aquí, hay un acompañamiento.
Me parece muy importante el hecho de acompañar estas personas, dotarlas de recursos y reparar su dignidad. Durante la jornada hubo una crítica bastante fuerte al itinerario penal. Esto no quiere decir que desde las entidades no se anime a denunciar, pero vemos que existen unos límites y unos obstáculos en estos itinerarios. Me parece una de las conclusiones que sacaría de la jornada: no nos podemos quedar solo en el itinerario penal, sino que tenemos que ampliar la mirada con el objetivo de reparar esta dignidad. Quizás a través de un acompañamiento psicosocial, una incidencia política o una incidencia pública en un medio de comunicación. Así que creo que es importante dotar de varios itinerarios y acompañar a las personas para reparar su dignidad.
Es muy relevante que la persona se sienta acompañada y escuchada.
Para nosotros es capital. De hecho, cuando empezamos a pensar los servicios, aunque fueran servicios de acompañamiento jurídico o psicosocial de carácter asistencialista, queríamos darle mucha fuerza al acompañamiento. Porque no sabemos si le podemos solucionar el problema a la persona que ha sido discriminada, pero sí que sabemos que la podremos acompañar.
Muchas veces lo que quiere la gente es ser escuchada. Y a partir de aquí, ver qué itinerario es mejor para acompañarla, pero no solo desde un sujeto pasivo, sino trabajar conjuntamente el hecho de que las personas afectadas son las protagonistas de su recuperación de bienestar emocional. No somos un gabinete psicológico, no tenemos recursos para serlo, pero sí que ponemos una primera piedra de acompañamiento psicosocial para recuperar su bienestar.
Que tengan un espacio donde puedan explicar cómo se encuentran en relación con la situación que han sufrido, me parece muy importante. Nos hemos encontrado con el hecho de que la relación que tienen las personas con la práctica discriminatoria va cambiando con el paso del tiempo. Por lo tanto, en este acompañamiento psicosocial vamos viendo la evolución, motivo por el cual hay que dotar de recursos cualquiera de los momentos en que la persona afectada se encuentra.
Hicisteis énfasis en el hecho que los ejes discriminatorios tratan problemáticas sociales, motivo por el cual hay que trabajar en los contextos sociales en los cuales se producen estas discriminaciones. ¿De qué manera lo hacéis?
Los acompañamientos jurídicos y psicosociales son asistencialistas. Las personas vienen al servicio y nosotros las atendemos. Pero esto no significa que no podamos ir un paso más allá. Nosotros intentamos intervenir en el contexto social donde se ha producido la discriminación y nos ponemos en contacto con el personal del espacio. Muchas veces, cuando nos reciben, lo niegan todo, pero también pueden surgir proyectos que se pueden llevar a cabo para prevenir, detectar e intervenir contra la LGTBIfobia. Por ejemplo, en situaciones que han pasado al metro, hemos trabajado con TMB y con el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar un protocolo. Seguramente, muchas veces no se implementará bien o fallará algo, pero ya tendremos este documento que servirá de base a partir de la cual trabajar. Si no trabajamos en los contextos sociales donde se producen las discriminaciones, es cuestión de tiempo que vuelvan a ocurrir.
Nosotros trabajamos más con las personas afectadas y las víctimas, y no tanto con las personas que ejercen la discriminación, pero me parece muy importante trabajar esta vertiente, haciendo partícipes las personas que ejercen la discriminación y las personas afectadas, además de las personas que somos responsables de acompañar. Es realmente donde podemos encontrar procesos de transformación social.
Unos procesos que demuestran que no nos tenemos que quedar simplemente en el marco normativo, sino que hay que ir más allá.
He empezado diciendo que todos los marcos legales que sirvan para detectar o intervenir discriminaciones nos parecen bien, estaremos para debatir y reflexionar para que salgan adelante. Pero creo que muchas veces tenemos el pensamiento de que las discriminaciones se solucionan con la aprobación de la ley, y ya vemos que no es así.
Por otro lado, la construcción de estos marcos legales es muy importante. En ellos estamos produciendo la subjetividad de las personas afectadas. Es decir, estamos diciendo cómo tienen que ser las víctimas para entrar a determinados programas, proyectos o recursos. Y se define cómo tiene que ser la discriminación y de qué manera lo tiene que recibir esta persona. Por ejemplo, en el caso de la educación, tenemos un protocolo de prevención, detección e intervención para las personas LGTBI. Si un niño sufre homofobia, pero todavía no se identifica como gay, ¿en este caso se activa el protocolo?, ¿se tiene que definir como LGTBI para que se active? Son estos tipos de situaciones en las cuales creo que tenemos que reflexionar.
Más que proteger las personas LGTBI, creo que se tendrían que hacer políticas estructurales para eliminar la LGTBIfobia, y esto implica hacer políticas feministas para hacer frente al patriarcado, por ejemplo. Pero esto cuesta mucho más. Yo no quiero que me vean como una persona a la cual tienen que proteger, yo quiero que nadie piense que por mi orientación sexual tengan derecho a pegarme, insultarme o despreciarme. Obviamente, es prioritario atender a las personas afectadas. Pero se tiene que ir un paso más allá y no tener una política con una visión asistencialista, sino tener una visión más panorámica y tratar de desgranar la problemática social de la LGTBIfobia. Es importante no quedarnos solo en los contextos legales, sino trabajar también más a nivel micro, a nivel de barrio, con diferentes entidades, haciendo sinergias. Esto es muy importante porque da sus frutos.
