Las entidades tienen un papel relevante en la defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. No solo ya lo fueron con su implicación en la misma redacción y aprobación de la ley 19/2020 sobre Igualdad de Trato y No Discriminación, sino que, a través de su trabajo diario, las entidades acontecen agentes clave para garantizar este derecho, sea atendiendo los casos de discriminaciones que se producen y recogiendo información sobre ellos, o llevando a cabo labores de apoyo y acompañamiento a las personas que han sufrido estas situaciones, entre otros aspectos.
Esta fue una de las apreciaciones que afloraron durante la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro‘, organizada por el Consell de Ciutat, mediante su grupo de trabajo sobre igualdad de trato y no discriminación. El acto, celebrado el pasado mes de octubre, fue un espacio en el cual diferentes agentes de la ciudad pudieron expresar su visión sobre la nueva ley, y debatir sobre su despliegue.
Para valorar el trabajo de las entidades en la garantía de este derecho, hablamos con Francina Alsina, la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Entre otras observaciones, Alsina considera que para desplegar la ley 19/2020 de manera efectiva hay que contar con la experiencia de las personas y entidades comprometidas con la igualdad.
¿Cómo valoráis la nueva ley 19/2020 sobre Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Catalunya, así como la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’?
Es una buena noticia poder disfrutar de una ley específica sobre igualdad de trato y no discriminación, sin ningún tipo de duda, pero, como bien sabemos, ninguna ley no es ni el principio ni el final del camino. No es el principio porque, desgraciadamente, la discriminación no es un fenómeno nuevo y desde las entidades sociales hace muchos años que acompañamos personas que sufren situaciones injustas y discriminatorias. A su vez, generamos conocimiento sobre sus causas y los derechos que les deben de ser garantizados que, al fin y al cabo, son derechos humanos.
Pero esta ley tampoco es el final de ninguna lucha porque, si queremos que sea verdaderamente efectiva, hace falta que su despliegue sea ejemplar y cuente con la experiencia de aquellas personas y entidades que tenemos un compromiso con la igualdad. Por eso, son importantes jornadas como la que hemos organizado desde el Consell de Ciutat. Es en estos espacios, que son imprescindibles, donde podemos intercambiar experiencias y puntos de vista entre entidades sociales y administración, y donde podemos facilitar que la ciudadanía conozca por qué es importante la ley, cómo se puede contactar con la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, qué medidas puede emprender o qué son los retos que tenemos delante para disfrutar de unas herramientas efectivas y al alcance de todo el mundo que nos permitan pensar en un futuro sin discriminación.
¿Cómo de necesaria es la ley 19/2020 y cómo crees que influirá a la hora de garantizar los derechos de toda la ciudadanía?
La ley es necesaria por muchos factores. Creo que el más destacado es que, por primera vez, dota de capacidad sancionadora la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación. Esto quiere decir que, de alguna manera, reconoce que ningún acto discriminatorio puede quedar impune, incluso cuando no tiene peso penal. Esto es un adelanto y era una necesidad. A la vez, va a favor de la universalidad de los derechos, porque la ley reconoce que ninguna acción u omisión puede condicionar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y establece que todas tenemos que poder disfrutar de una vida digna por igual.
Además, la ley reconoce un abanico amplio de discriminaciones, algunas de las cuales tienen un despliegue normativo propio, como es el caso de las violencias LGTBI fóbicas. Otros, en cambio, todavía se encuentran en fase de trabajo, como el caso de la discriminación por motivos étnicos o raciales. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer y muy necesario porque, sin duda, esto tiene un impacto positivo para el conjunto de la ciudadanía.
¿Qué aspectos crees que hay que tener en cuenta a la hora de desplegar la ley 19/2020?
Las entidades del tercer sector social hemos estado implicadas desde el principio en el diseño y la elaboración de esta ley y hemos hecho propuestas valiosas para que fuera lo más ambiciosa posible. Una vez aprobada, y ahora que ha empezado su despliegue, es indispensable que haya un compromiso político amplio e inamovible, y que se destinen los recursos humanos y materiales necesarios para desplegarla efectivamente. También hace falta un alcance territorial claro para evitar desigualdades en el acceso a la Oficina, y al resto de órganos que tienen que formar parte de la estrategia que plantea la ley. Así mismo, consideramos necesario reforzar el conocimiento sobre la igualdad de trato y la no discriminación por parte del conjunto de las administraciones. Además, también hace falta una estrecha colaboración con las entidades sociales, los organismos locales y la sociedad civil, en un sentido amplio, con la finalidad no solo de ser capaces de detectar, denunciar, rendir cuentas y acompañar las personas víctimas de discriminaciones, sino, directamente, de minimizarlas.
¿Cómo pueden contribuir las entidades del tercer sector social al cumplimiento y despliegue de la ley?
Las entidades sociales hemos contribuido desde el principio porque forma parte de nuestro compromiso social y político. Por lo tanto, como no podría ser de otro modo, seguiremos haciéndolo. Prueba de esto es la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y de futuro’, una propuesta que surge precisamente de las organizaciones sociales de la ciudad y que busca difundir qué es la ley y como funciona, así como fomentar el diálogo constante entre instituciones públicas y sociedad civil. Por otro lado, las entidades también asumimos nuestra responsabilidad y es por eso que también nos formamos, sea para conocer mejor los derechos y su garantía desigual, para detectar mejor las discriminaciones y sus causas o para contribuir a la reparación de las personas que son víctimas.
En este sentido, las entidades sociales, bajo el marco de la Taula del Tercer Sector, hemos tomado un compromiso respecto de la desarticulación de los discursos de odio, elemento central del auge de la extrema derecha. Solo teniendo un papel activo en la defensa de los derechos humanos y en contra de cualquier opción, discurso o práctica que fomente el odio, podremos desplegar efectivamente cualquier iniciativa que busque la no discriminación. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas posibles.
¿Cómo valoráis el papel del tercer sector social en el apoyo a personas que han sufrido discriminación?
Las entidades tienen un rol fundamental. En primer lugar, porque tenemos una mayor capacidad de reacción y, por lo tanto, somos rápidas al activarnos y ofrecer herramientas y recursos para quienes hayan podido sufrir una discriminación. En segundo lugar, porque somos expertas y tomamos la responsabilidad de seguir aprendiendo y compartiendo las buenas prácticas que tenemos para ofrecer más y mejores apoyos. En tercer lugar, y muy importante, porque ponemos la mirada en las personas, y creemos que nuestra tarea no se acaba con el cierre de un expediente, sino que defendemos los derechos de todas porque estamos convencidas de que la igualdad de trato es un beneficio colectivo. Y, en cuarto lugar, porque somos próximas y estamos presentes en todo el territorio, lo cual significa que la ciudadanía nos tiene a su alcance y que puede establecer con nosotros una relación de confianza, elemento clave para acompañar a quien ha sufrido discriminación por el motivo que sea. Son muchos los motivos y seguro que hay muchos más, pero lo que está claro es que el valor de la iniciativa social y ciudadana no lucrativa es innegable y tiene que continuar fortaleciéndose a favor de los derechos de toda la sociedad.
