La dificultad de acceso a la vivienda en Barcelona es uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la ciudad. Fuente de desigualdades, tal como señaló en el plenario del Consell de Ciutat el Excmo. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, la vivienda necesita una reflexión por parte de los agentes implicados para hacer frente a esta problemática que no deja de agravarse. En este contexto, el Consell de Ciutat ha trabajado una serie de propuestas sobre vivienda destinada a políticas sociales recogidas en un dictamen elevado al gobierno municipal. Entre las medidas que propone, destaca el logro del 10% de vivienda destinada a políticas sociales los próximos cuatro años.
El Sr. Sergi López-Grado i Padreny, miembro del Consell de Ciutat, fue el encargado de presentar al plenario las medidas incluidas en el dictamen de vivienda destinada a políticas sociales. Arquitecto, presidente del Grupo de Interés por la Sostenibilidad Urbana (GIXSU) y vicepresidente primero del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, el Sr. López-Grado participó en el grupo de trabajo que contó con una gran diversidad de opiniones y miradas que se tradujeron en las propuestas de consenso y las visiones particulares reflejadas en el dictamen.
¿Cómo se desarrolló el grupo de trabajo de vivienda y qué destacaría de las sesiones realizadas?
El grupo de trabajo estuvo guiado con ponencias introductorias de los diferentes temas a tratar: la casuística existente en el mercado de la vivienda, las diferentes categorías de la vivienda privada, público, protegido, dotacional, cesión y derecho de uso, etcétera. Fueron ponencias hechas por expertos en la materia objeto del grupo de trabajo, en las políticas públicas y en las legislaciones locales, estatales y europeas.
Las temáticas tratadas se pueden agrupar en varios ámbitos de debate: reivindicación de medidas que están funcionando, propuestas municipales (propuestas generales, propuestas para atender mejor las necesidades de los colectivos vulnerables al acceso a las viviendas públicas; colaboración publicoprivada), reivindicaciones de incidencia política en el ámbito estatal y reivindicaciones de incidencia política en el ámbito autonómico.
Por otro lado, aparecieron otras temáticas en los debates que no se consolidaron para tratarse de problemáticas que, a pesar de ser de actualidad, no tienen un reflejo directo en el ámbito de la vivienda pública social. También se trataron otros temas que nos preocupaban como la infravivienda y la especulación. Todo para poner en contexto el debate que teníamos que llevar a cabo.
Antes que nada, se reivindicaron, como dice, medidas que funcionan. ¿Cuáles son?
El dictamen propone la permanencia de medidas que están funcionando como las ayudas al alquiler; incrementar la construcción de vivienda pública y la calificación permanente de las viviendas de protección oficial para consolidar el patrimonio de vivienda pública social; reforzar los programas de captación y rehabilitación de viviendas y la aprobación de una ordenanza de tanteo y retracto para adquirir sol residencial con condiciones favorables.
Finalmente, se valora continuar dando cumplimiento al convenio ESAL, convenio marco para la provisión de vivienda destinada a alquiler asequible y cesión de uso sobre solares y fincas municipales del Ayuntamiento de Barcelona. Siguiendo el modelo de ciudades como Viena, Ámsterdam o Berlín, esta propuesta contribuiría a dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población de Barcelona en línea con la Agenda Urbana 2030. Este convenio se fija como objetivo levantar y/o rehabilitar 1.000 pisos durante los próximos años, y, para hacerlo posible, se irá proveyendo de solares y edificios. El suelo y edificios que pone a disposición el Ayuntamiento son bienes de carácter patrimonial y, por eso, de acuerdo con la legislación, se pueden transmitir de forma directa al tratarse de entidades sin afán de lucro para promover vivienda social.
En cuanto a las medidas propuestas, ¿cuáles considera más relevantes?
Una de las recomendaciones más significativas del dictamen es la propuesta de lograr el 10% de vivienda destinada a políticas sociales o de protección oficial en este mandato para hacer frente a la emergencia habitacional. Además, también destacaría otros, como que los edificios de propiedad pública sin uso no se saquen a subasta o se vendan, sino que se destinen a políticas sociales; que las viviendas de protección oficial mantengan esta condición permanentemente para rentabilizar el patrimonio municipal de vivienda social; habilitar el derecho a tanteo y retracto que figura a la Carta Municipal para adquirir más sol residencial; centrarse a hacer promociones de vivienda social de alquiler para aumentar la oferta e influir positivamente en la moderación de precios del mercado de alquiler y preservar la titularidad pública, y fomentar las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso.
El dictamen también contempla identificar, en cualquier medida dirigida a personas con diversidades, a qué diversidad se hace referencia, para dar mejor respuesta a las necesidades de los diferentes colectivos, adaptar las acciones a estos y no invisibilizar ninguna experiencia y/o situación. En esta última recomendación, se contempló la posibilidad de aplazar la adaptación de la vivienda hasta conocer el perfil y las necesidades específicas de la persona que acabará residiendo y hacer las adaptaciones a medida.
¿Qué supondría lograr el 10% de vivienda destinada a políticas sociales o de protección oficial durante los próximos 4 años?
Significaría un adelanto hacia la satisfacción de la demanda real de vivienda pública social que se valoró en el logro efectivo del 15% en 2027 a los objetivos del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025, y también romper con el techo de cristal que nos separa de Europa con la concepción privativa del derecho a la vivienda que figura en nuestra constitución. Significaría dar un paso adelante hacia la socialización del sector de la vivienda pública que avanzaría hacia el escenario social de devenir una dotación pública más, como hemos visto en grandes capitales europeas.
El dictamen diferencia entre recomendaciones políticas de consenso y visiones particulares. ¿Por qué se decidió tomar esta vía y cómo valora este hecho?
Con esta diferenciación se ha querido poner en valor la pluralidad y diversidad de los y las participantes. Ha habido opiniones particulares que no han generado consenso, a pesar de
tratar temas de actualidad como lo son el turismo y la gentrificación, que también tienen su impacto en la vivienda social por actuar en el mismo ámbito y activar dinámicas migratorias del vecindario de la ciudad de Barcelona hacia las coronas urbanas metropolitanas.
Justo es decir que el mercado libre de vivienda privada en la actualidad está aminorando su atractivo a los sectores financieros, salvo de minoritarios inversores extranjeros atraídos por la Golden Visa y algunas sociedades con régimen impositivo próximo a la exención fiscal, como las SICAV o las SOCIMI. Además, el sector de la edificación residencial se encuentra fuertemente tensionado por los altos estándares constructivos, de habitabilidad y de accesibilidad normativos que conviven con una realidad de precariedad económica y los bajos sueldos que se han normalizado. Esto hace pensar que esta situación acabará activando, más tarde o más temprano, un rescate público con la asunción política de la satisfacción de esta demanda social y de la emergencia habitacional, como ya ha ocurrido en otros lugares de Europa.
¿Qué valor cree que aporta el Consell de Ciutat a la hora de tratar la situación de la vivienda en Barcelona?
El Consell de Ciutat tiene la misión de emitir dictámenes que muestren al Consistorio la realidad que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona. El Consell de Ciutat, por su pluralidad e independencia, tiene una mirada transversal que planea por encima de los intereses particulares y de grupos de presión y visibiliza disfunciones y carencias que el Consistorio tiene que tener presente en su tarea de gobernanza del día a día de la ciudad.
Hay situaciones normalizadas, e incluso jurídicamente reglamentadas, que penalizan la buena marcha de las políticas de vivienda y de accesibilidad y hace falta que el Ayuntamiento de Barcelona las neutralice con las herramientas que tiene y las capacidades que le da la Carta Municipal para redactar ordenanzas municipales que actúen como paliativo y factor corrector. Me refiero al Decreto de Habitabilidad de la Generalitat de Cataluña que en 2012, por razón de intereses económicos particulares del Sector de la Construcción, limó estándares de habitabilidad y de accesibilidad que con la Covid se han echado de menos y se ha visto la necesidad de recuperarlos, objetivo que en Barcelona se podría abordar vía ordenanzas municipales.
También se puede mencionar el efecto disruptor que están provocando la Golden Visa, las SOCIMI, SICAV y las criptomonedas en el mercado de la vivienda, impacto que se podría neutralizar con las potestades que le da a Barcelona la Carta Municipal, como lo están haciendo otras ciudades en Portugal y el resto de Europa.
