En la última sesión plenaria de 2023, el Consell de Ciutat aprobó el manifiesto de igualdad de trato y no discriminación, un documento que engloba una serie de recomendaciones surgidas del grupo de trabajo y de la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’. Entre otros aspectos, el manifiesto valora positivamente la aprobación de la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y pide destinar los recursos humanos y materiales necesarios en su despliegue. Además, entre las recomendaciones destaca establecer una coordinación eficiente entre las administraciones implicadas, potenciar el papel de las entidades sociales e implementar programas de acompañamiento personalizado para las víctimas, garantizando siempre el anonimato.
Hablamos sobre el manifiesto, y la tarea que el Consell de Ciutat ha llevado a cabo en torno a este, con el Sr. Javier García Bonomi, representante de la Federación de Entidades Latinoamericanas (FEDELATINA), miembro del grupo de trabajo de igualdad de trato y no discriminación y encargado de exponer las reflexiones del grupo al resto del plenario.
Háblenos de cómo se desarrolló el grupo de trabajo de igualdad de trato y no discriminación.
El Consell de Ciutat tiene que ser un reflejo de lo que pasa en Barcelona, y tanto las entidades como las miembros institucionales que forman parte vimos la necesidad de situar en la agenda del órgano, así como en la agenda política, el tema de la igualdad de trato y no discriminación. A partir de esta iniciativa se constituyó un grupo de trabajo con dos grandes misiones: la primera, la de situar la cuestión, y, la segunda, la de visibilizar esta problemática. Además, hay un hecho concreto en el contexto del cual surge este grupo de trabajo, como es la aprobación de la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación, de la cual, evidentemente, el Consell de Ciutat quería decir la suya y analizar la implementación.
En este grupo de trabajo surge también la necesidad de celebrar la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’, que tenía que recoger, entre otros aspectos, el informe de la Oficina para la No Discriminación y la voz de los colectivos más afectados por la discriminación en nuestra ciudad. A partir de aquí, el grupo de trabajo emite un documento con recomendaciones surgidas tanto de la jornada, como de las propias sesiones.
¿Qué valor cree que aporta el Consell de Ciutat a la hora de tratar esta temática tan relevante?
El Consell de Ciutat es el máximo órgano de interlocución entre la administración y la diversidad asociativa de nuestra ciudad. Estamos convencidos de que es el espacio idóneo donde recoger todas las sensibilidades presentes en la ciudad, no solo para visibilizar la problemática, sino también para proponer soluciones o respuestas a estos problemas. Creo que es una gran oportunidad que tenemos desde el Consell de Ciutat, y por eso considero que tiene un valor enorme. Es un espacio privilegiado donde poder hablar de este tipo de temáticas.
Una de las recomendaciones del manifiesto hace referencia a la necesidad de que el despliegue de la ley vaya acompañada de una provisión adecuada de recursos humanos y materiales para la administración y las entidades. ¿Qué supondría contar con estos recursos?
No nos queríamos quedar solo en el hecho de pedir recursos a la administración, que, evidentemente, los tenemos que pedir, sino que considerábamos que hay que tratar de hacer más eficiente y eficaz el trabajo de las administraciones y el de las entidades. ¿Por qué lo consideramos así? Por un lado, nos encontramos en una situación de infradenuncia, es decir, que la OND podría recibir muchísimas más denuncias, sobre todo ahora en el marco de esta nueva ley. Y es evidente que la administración sola no puede gestionar toda esta realidad. Así que, cuando realmente se despliegue la ley, tendremos que acompañarla con formación dentro de la administración pública.
Por otro lado, hace falta una coordinación entre la administración pública y las entidades o grupos que trabajan esta cuestión en la ciudad. Con un protocolo y un trabajo en común podemos generar mucha más atención, y una respuesta más eficiente, a las personas que denuncian situaciones de discriminación. Las entidades estamos mucho más cerca de la ciudadanía y somos la puerta de entrada para muchas de estas denuncias. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que ir de la mano con la administración.
El rol de las entidades, en este sentido, es esencial.
La capilaridad que tenemos las entidades puede nutrir de mucha más calidad las denuncias, en el sentido que puedan llegar más lejos de lo que llegan hoy en día. Las personas que reciben situaciones de discriminación confían más en las entidades que llegamos donde las administraciones no llegan.
Otro de los puntos destacados del manifiesto es el tiempo de respuesta y la transparencia en el procedimiento. ¿Actualmente, se está dando una respuesta rápida y clara?
Estas dos cuestiones son esenciales. El hecho de que no haya una respuesta a corto o a medio plazo desmotiva muchísimo la denuncia y crea incertidumbre y angustia en la víctima. Esto no es nuevo. Séneca decía que nada se asemeja tanto a la injusticia como la justicia lenta. Por lo tanto, necesitamos tener una respuesta. Y si no la tenemos de forma inmediata, al menos necesitamos saber cómo va el procedimiento. Y aquí es donde entra también el tema de la transparencia. Es importante saber dónde se encuentra nuestra denuncia y cuál es el paso siguiente a seguir para que la misma víctima, o su entorno, pueda tener toda la información respecto al proceso.
¿Qué otras recomendaciones del manifiesto destacarías?
Surgió otro aspecto que es fundamental: que haya protocolos mucho más claros de denuncia y derivación, donde las víctimas y las entidades podamos tener muy claro cuál es el itinerario de la denuncia, qué tipo de denuncias existen y qué camino tendrían que seguir. Esto va de la mano, también, de una atención personalizada.
Finalmente, también es fundamental la formación y sensibilización respecto a las trabajadoras y trabajadores de la administración pública. No sirve de nada tener una herramienta tan potente como una ley que regule la igualdad de trato y no discriminación si quien la tiene que aplicar, o quien la tiene que gestionar, que es la administración pública, no está debidamente formada y sensibilizada respecto a esta cuestión.
El grupo de trabajo culminó con la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’. ¿Qué valoración hace?
Surgieron unas conclusiones y unos análisis muy interesantes, un hecho que valoro de manera muy positiva. En cuanto a los colectivos, aprendimos mucho a nivel transversal, porque a veces nos cuesta tener una mirada amplia en este aspecto, y creo que con la jornada se ha conseguido. Pudimos conocer las diferentes sensibilidades, los diferentes tipos de discriminación que se producen en nuestra ciudad y las diferentes respuestas que podemos dar.
Hay que tener en cuenta que en las situaciones de discriminación se pueden sumar varios ejes, sea por su origen, por razón de identidad sexual, por discapacidad, etcétera. Tenemos que ser muy conscientes que no solo tenemos que conocer profundamente el problema, sino que también tenemos que aceptar que estamos en una sociedad que discrimina estructuralmente y que todos nosotros somos agentes de cambio.
También destacaría el hecho de poder escuchar la voz de los grupos discriminados en primera persona. Me parece que salir de la teoría e ir directamente a la práctica, y escuchar las necesidades de cada uno de los colectivos en primera persona, es un punto de partida realmente excelente para poder iniciar este camino.
Las entidades participantes destacaron el hecho de poder conocer herramientas y organismos presentes en el despliegue de la ley.
En este sentido, surgió un aspecto fundamental: la relación interinstitucional. Es decir, la jornada nos permitió conocer qué es lo que hace la Generalitat de Cataluña, qué competencias tiene, cómo puede trabajar acompañada de los órganos de denuncia del Ayuntamiento, etcétera. Hace falta que las diferentes administraciones estén coordinadas, una relación que tiene que ser muy clara para la ciudadanía víctima de discriminaciones. Lo que no puede ser es que la persona que recibe una discriminación no sepa si tiene que ir a una comisaría, a una oficina de la Generalitat, al ayuntamiento o tiene que ir a los tres lugares a la vez. Este desconocimiento expone a la persona denunciante a una precariedad desde el punto de vista de su intimidad, pero también en que su denuncia sea escuchada y tramitada. Porque, evidentemente antes de llegar a un juzgado, si es que la denuncia puede realmente llegar a la vía judicial, tiene que pasar por las oficinas que trabajan en este ámbito, sea de la Generalitat o del Ayuntamiento.
¿Cómo valora el último plenario en el que se aprobó el manifiesto?
A nivel de participación, realmente, ha sido positiva, puesto que fue un plenario mixto, en el cual participó gente de manera presencial, pero también a distancia. Pero es cierto que hay que ir buscando formatos innovadores con el objetivo de que la voz de cada uno de los grupos y entidades sea escuchada. El formato estuvo muy bien, pero tenemos que ser conscientes que la participación hay que mejorarla cada día.
